El Govern, el Parlament y la burla de los derechos humanos
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha decidido recientemente que no es necesario que haya un establecimiento de presos preventivos en Barcelona. El conseller Mundó explicó ya hace unos días que existen plazas vacantes en los penales que pueden rellenarse con presos provisionales. Hay que aclarar, para quienes no conocen el medio penitenciario, que tenemos una legislación que establece una serie de garantías para los presos preventivos, los que no están juzgados ni condenados. Dice nuestra ley que el régimen de vida de estos presos debe estar regido por el principio de presunción de inocencia. El hecho de alejarlos de la ciudad y dispersarlos entre las vacantes de los penales les impone un desarraigo y una indefensión incompatibles con la presunción de inocencia. Pero el Govern no está solo en esta aventura. Los mismos partidos que se pronunciaron en contra de medidas de dispersión para los convictos de terrorismo de ETA -CiU, ERC, ICV, CUP-, con el auxilio de CS, acaban de ponerle en bandeja al Departament de Justícia la dispersión de los presos catalanes.
¿Es este el signo de los nuevos tiempos en política? Parece que sí. Justícia gencat tiene expuesto un documento "Consejo de Europa. Uso de la prisión preventiva, las condiciones en las que tiene lugar y las medidas de protección contra los abusos"
Entre las consideraciones sobre la prisión preventiva del Consejo de Europa de las que se hace eco el mismo departamento que se ha propuesto dispersar y alejar a los presos preventivos, podemos encontrar alguna muy interesante:
"Teniendo presentes los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas privadas de libertad y la especial necesidad de asegurar no sólo que las personas que se encuentran en prisión preventiva puedan preparar su defensa y mantener las relaciones familiares, sino también que no estén en condiciones incompatibles con su condición jurídica, que está fundamentada en la presunción de inocencia;"
Así pues, si acudimos a algún curso del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada pondrán buen cuidado en convencernos de que la prisión preventiva debe asegurar que el preso que no ha sido condenado pueda mantener sus relaciones familiares y preparar su defensa, además de no estar en condiciones incompatibles con su condición jurídica.
Opinamos que urge cambiar este documento por algo más acorde al menosprecio con que está actuando el Govern en materia de derechos humanos. El Govern, con el apoyo del Parlament.
